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a vicepresidenta cuarta de la Diputación de Barcelona, Meritxell Budó, ha presentado hoy, en la sede del Consejo Comarcal del Garraf, en Vilanova y la Geltrú, acompañada de la presidenta del Consejo, Gloria Garcia Prieto, las principales líneas de actuación e inversiones de la Diputación en la comarca en materia de atención a las personas, en el marco de una sesión del Consejo de Alcaldías.
Budó explicó los programas desplegados en los municipios en los ámbitos de Bienestar Social, Respir, Salud Pública, Consumo, e Igualdad y Ciudadanía, con el objetivo de «luchar contra la pobreza y las desigualdades, y promover la autonomía personal y la participación social».
En el marco de la lucha contra la pobreza energética, la vicepresidenta de la Diputación ha explicado que se ha desplegado «el programa preventivo de auditorías energéticas, que entre el 2017 y el 2018 incluirá la realización de auditorías a 4.000 viviendas» en toda la demarcación, con una inversión total de 1 MEUR en este periodo, un ahorro anual de 1,2 millones de euros y una disminución de emisiones de CO2 de 630 toneladas al año, equivalente al consumo de más de 200 hogares. El programa, que se puso en marcha después de llevar a cabo una prueba piloto precisamente en Vilanova y la Geltrú y en algunos municipios de Osona, incluye las actuaciones a las viviendas, de asesoramiento o reforma, que se deriven de las auditorías. «En la comarca del Garraf -dijo- se realizarán este año 56 auditorías en hogares en situación de vulnerabilidad, y un número similar el próximo año».
Meritxell Budó también ha hablado del «Servicio Local de Teleasistencia, con más de 74.000 personas usuarias en toda la demarcación, y 2.207 en el Garraf, en 2016, que se prevé que aumenten hasta 2.440 durante este año». Este servicio, que fomenta la autonomía de las personas mayores o dependientes, ofrece atención las 24 horas del día, 365 días del año, con una cobertura comarcal del 9,74% de la población de mayores de 65 años y 40, 33% de los mayores de 80 años. Como novedad, aumenta la instalación de dispositivos de teleasistencia avanzada -actualmente, más de 200 en la comarca-, que aportan más seguridad, como detectores de fuego o humo, de movilidad o de caídas.
Budó destacó otras líneas fundamentales de colaboración con los ayuntamientos, como las «acciones de prevención dirigidas a infancia y adolescencia en riesgo», o las de «fomento de estilos de vida saludable", a través de charlas y exposiciones sobre alimentación, drogas o sexualidad, entre otros. También ha hecho mención de las actuaciones relativas a políticas de mujeres y LGTBI para promover la igualdad de género.
La Diputación de Barcelona apoya a los ayuntamientos en sus políticas para defender los derechos de las personas consumidoras. La vicepresidenta remarcó las acciones de acompañamiento a los consumidores en sus reclamaciones por las cláusulas abusivas de los bancos que ha realizado la corporación. A tal efecto, el presupuesto de 1,5 millones de euros que destina la Diputación a las políticas locales de consumo se ha incrementado con medio millón de euros, y «es relevante la firma de convenios con los colegios de abogados de la demarcación de Barcelona para que los letrados se desplacen a los servicios públicos de consumo para asesorar personalmente a las personas consumidoras».