El Gobierno ha aprobado el plan que esta semana anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los proveedores cobren sus deudas con las administraciones, que se calcula que ascienden a entre 30.000 y 50.000 millones de euros.
En virtud del texto, las corporaciones locales tendrán la obligación de suministrar al Ministerio de Administraciones públicas la información de las facturas pendientes antes del 15 de marzo y antes del 31 de marzo un plan de ajuste", ha explicado Santamaría. "Debemos saber lo que hay y hacerle frente (...). Se trata de poner orden y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas".
La Comisión de Asuntos Económicos establecerá un conjunto de obligaciones legales para que las corporaciones locales comuniquen las deudas pendientes y asuman el compromiso de cumplir su pago con un plan de viabilidad. El pago de las facturas será efectivo antes del 31 de diciembre de este año y las facturas pendientes no afectarán al déficit.
Con más detalle, "las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas".
Santamaría también ha adelantado una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores, informa Europa Press. Una vez se den estos pasos, se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, que no ha concretado, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.
Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó de que el proyecto sería aprobado hoy y recalcó que obligará a todas las administraciones a cumplir los objetivos de déficit público a los que España se comprometa ante sus socios europeos, informa Efe. El objetivo es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4% del PIB, y que su deuda no supere el 60% del PIB.
El Gobierno informa a pymes que cobrarán inmediatamente
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había explicado que los proveedores podrían cobrar sus facturas directamente en las entidades financieras, a través de un consorcio entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Y hoy mismo, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ya ha informado a pequeños empresarios y autónomos del plan para que puedan cobrar de forma "inmediata" las cantidades que les adeudan las administraciones públicas.
Un organismo regulador y nueve consejeros
El Ejecutivo también ha aprobado el anteproyecto de ley de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. "Después de la Ley de Economía Sostenible, en el último año se duplicó el número de organismos reguladores se duplicaron", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "La nueva legislación los aglutinará en un único organismo para mejorar la eficiencia, la transparencia y la eficiencia", ha justificado Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La futura comisión tendrá nueve miembros propuestos por el Gobierno -desde los 52 anteriores- y el Congreso podrá vetar su nombramiento con mayoría absoluta. El Gobierno estima un ahorro en sueldos de cuatro millones de euros.
La futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha pasado ya la última lectura, pero todavía no ha sido aprobada, ha señalado Santamaría. El Gobierno prevé que la semana que viene reciba el informe del Consejo de Estado y se ha pedido al órgano consultivo que emita de urgencia para que pueda ser aprobada y remitida al Congreso de los Diputados en los primeros días de marzo» para su tramitación parlamentaria.
Tras conocer las previsiones de Bruselas, la vicepresidenta ha anunciado en preguntas a los medios que "el Gobierno tiene un plan de trabajo para la presentación del cuadro macro y de un techo de marzo en los primeros días de marzo".
La norma, que desarrolla la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP el verano pasado, tiene como objetivo controlar el déficit público de las administraciones públicas. Esta ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit en sus cuentas y prohibirá que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales. El proyecto prevé, además, que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable.
El PSOE ha confirmado este mismo viernes que se desmarcará de la Ley de Estabilidad Presupuestaria si el texto final no respeta el acuerdo previo con el PP, según ha anunciado la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.
Fuente: Expansión