El Ayuntamiento de Terrassa ofrecerá un servicio de atención integral a la diversidad afectiva, sexual y de género

El Ayuntamiento de Terrassa ampliará las competencias en el ámbito de la atención a personas LGTBI, a través de un acuerdo entre el Consistorio y la Dirección General de Igualdad de la Generalitat. El Pleno aprobó ayer por unanimidad el acuerdo, que se firmará próximamente. Con la asunción de nuevas competencias, que hasta ahora tenía la Generalitat, Terrassa pasará a formar parte de la Red de Servicios de Atención Integral LGTBI de Cataluña. El Ayuntamiento ofrecerá este servicio bajo el nombre de Servicio Local de Atención Integral a la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género (SAI DASIG) de Terrassa. Esta acción se enmarca dentro de los objetivos del actual Plan de Mandato.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Terrassa y la Generalitat de Cataluña se fundamenta en el desarrollo de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de las personas LGTBI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. A finales de 2016, la Generalitat estableció que los municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso de Terrassa, deben contar con una persona referente formada en diversidad sexual y afectiva, para cubrir cualquier necesidad informativa, de acompañamiento o apoyo que tenga la ciudadanía en relación a la diversidad sexual y de género. Entre sus funciones está también velar por la protección de los derechos de las personas LGTBI, atendiendo a la recepción de denuncias por posibles situaciones de discriminación. Para acabar de consolidarse como un referente local, además, el servicio facilitará el acceso a diferentes trámites que hasta ahora sólo se podían hacer de forma centralizada en Barcelona, como por ejemplo la solicitud de cambio de nombre en la tarjeta sanitaria para personas trans, entre otros.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar un trato adecuado a todo el mundo, se está formando al personal municipal para que, en coordinación con el SAI DASIG, todos los servicios tengan la capacidad de empatizar e intervenir en caso de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, siguiendo el protocolo del deber de intervención de las personas que trabajan en las administraciones públicas de Cataluña y hacer, así, efectivo el abordaje de LGTBIfòbia.
 

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