El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica el anuncio oficial de licitación y las bases del concurso para la privatización de la gestión de los activos de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).
Con este paso se pone definitivamente en marcha un proceso que, de concluir favorablemente, permitirá a la Generalitat borrar de un plumazo mil millones de euros de su deuda este mismo año.
Esta es la cifra que prevé ingresar el Govern mediante el cobro de un canon inicial de 300 millones y el cobro diferido de 700 millones más que pagará la empresa privada que se adjudique ATLL durante los 50 años de concesión. A pesar de que ahora la Generalitat sólo ingresará en metálico 300 millones, la Intervención General del Estado permitirá al Govern desconsolidar de golpe deuda por importe de mil millones.
Según ha podido saber EXPANSIÓN, el Gobierno ha autorizado que este impacto pueda anotarse en el cierre de las cuentas autonómicas del ejercicio de 2012, siempre y cuando el contrato de adjudicación se firme antes del 31 de diciembre.
Según el pliego de condiciones, las empresas interesadas en adjudicarse la gestión de los activos de ATLL tienen de plazo para presentar las ofertas hasta el 28 de septiembre. La apertura de plicas tendrá lugar en octubre y la adjudicación se efectuará en noviembre. El objetivo es que el contrato con el concesionario se firme a lo largo de la primera quincena de diciembre.
Interesados
Al presentar la oferta, las empresas interesadas deberán depositar una garantía provisional de diez millones, el equivalente al 1% del canon.
Aguas de Barcelona (Agbar), Aqualia (FCC), Acciona y Comsa Emte son las empresas que hasta ahora han manifestado interés en acudir al concurso. Es probable que algunas de ellas presenten ofertas conjuntas, aunque no podrán constituir una unión temporal de empresas (UTE), ya que el concurso obliga a crear una nueva empresa para explotar ATLL.
También se prevé que todos los candidatos acudan en alianza con fondos internacionales de infraestructuras, que aportarán el grueso de la financiación. Las bases impiden que estos grupos financieros controlen más del 75% de la empresa, es decir, como mínimo, el 25% de las acciones deberán estar en manos de un operador con experiencia demostrada en explotación de potabilizadoras y gestión de redes de agua.
Criterios de evaluación
El concesionario deberá subrogarse a toda la plantilla de ATLL y no podrá ejecutar despidos durante 20 meses. Además de pagar el canon de mil millones, el operador privado deberá efectuar unas inversiones de 139 millones en obras hidráulicas.
Toda esta inversión deberá recuperarse a lo largo del periodo de concesión mediante la tarifa que el operador cobrará por la venta de agua a las compañías distribuidoras. Así, ganará el concurso aquella empresa que proponga cobrar la menor tarifa. Así, la “baja sobre el tipo de licitación en la tarifa media del servicio” tendrá un peso de hasta 50 puntos, la mitad del total de cien puntos que se repartirán con los distintos criterios de adjudicación recogidos en el pliego del concurso.
Una vez se adjudique a un operador privado, la empresa pública ATLL desaparecerá, de forma que todos sus activos y pasivos pasarán a depender del Departament de Territori. Esto significa que la deuda de 663 millones no será asumida por la empresa privada. El concesionario tampoco será el propietario de las plantas desaladoras y potabilizadoras (sólo el gestor), que seguirán siendo de titularidad pública.
Inicialmente, la Generalitat había previsto exigir un canon inicial de 400 millones, pero ante las presiones de las empresas interesadas, al final ha aceptado bajar esta cifra a 300 millones, aunque el canon global se mantiene intacto en mil millones. Los inversores consideraban que la cifra de 400 millones era demasiado elevada para poder obtener financiación en el actual contexto recesivo de la economía española.
Fuente: Expansión