La contratación pública se ha convertido en una herramienta clave para impulsar políticas públicas más sostenibles, innovadoras y socialmente responsables. Para profundizar en su evolución y en los retos que enfrentan las administraciones locales, conversamos con la Dra. M. Eugenia López, doctora en Derecho, especialista en contratación pública y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, además de letrada de la Generalitat de Catalunya y fundadora de DOCREMC.
- Desde su experiencia en la Generalitat y en la docencia universitaria, ¿qué papel cree que juega hoy la contratación pública como instrumento de política pública y no solo de gestión administrativa?
Actualmente es innegable que la contratación pública ha pasado de ser una mera compra de bienes, servicios y prestaciones a convertirse en un instrumento o palanca para llevar a cabo políticas sociales, laborales, medioambientales y de innovación. Ésta ha sido la línea que las Directivas de cuarta generación marcaron ya hace once años y que actualmente en diversos trabajos de la Comisión se consolida e impulsa más si cabe. La incorporación de cláusulas sociales y medioambientales ya sea como solvencia, criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución en las licitaciones públicas es un claro ejemplo de éste nuevo papel de la contratación pública.
- En los últimos años se habla mucho de la compra pública innovadora (CPI). ¿Qué avances reales ha observado en su implementación y qué barreras siguen encontrando las administraciones locales para aplicarla?
La CPI representa una apuesta para contratar y dar una mejor respuesta a determinadas necesidades públicas. Hoy ya contamos con muchas experiencias de CPI llevadas a cabo por diferentes Administraciones Públicas permitiendo avanzar y realizar importantes contratos y proyectos. Sin embargo, es cierto que la buena marcha de una CPI requiere de la concurrencia de diferentes extremos, tales como: la identificación real de la necesidad objeto de dicha compra, tener muy claro para qué se necesita, un buen equipo que lidere las diferentes fases y que controle la ejecución, una buena planificación y de los tiempos del procedimiento, conocer bien el mercado para ajustar bien el contrato…todo ello resulta fundamental para garantizar una buena CPI.
- ¿Podría compartir algún ejemplo inspirador —nacional o europeo— de compra pública verde o innovadora que considere especialmente relevante para los ayuntamientos?
En general, muchas CPI son de carácter tecnológico para dar respuesta a diversas necesidades que se presentan y, entre éstas, considero que aportan gran valor las que se han llevado a cabo en el sector sanitario (disposiciones para intervenciones quirúrgicas, sistemas para mejorar la gestión de la asistencia sanitaria...). A nivel de compra pública verde relevante para los ayuntamientos, destacaría las CPI relativas a iluminación pública inteligente, gestión inteligente de residuos, plataforma de movilidad urbana, la instalación del “panot” del Ayuntamiento de Barcelona para conservar el valor patrimonial e intangible del diseño actual y dirigido a fomentar la economía circular y la disminución de la huella de carbono mediante la utilización de áridos reciclados y la reducción de la emisión de CO2 con el objetivo de alcanzar una ciudad neutra en carbono en el año 2030.
- ¿Cómo pueden los pequeños municipios, con recursos técnicos limitados, incorporar criterios ambientales, sociales o de innovación sin que ello suponga complicar o ralentizar sus procesos de contratación?
En primer lugar, si la normativa sectorial ya prevé la incorporación de dichos criterios en los contratos públicos, ello simplifica sustancialmente la procedencia y adecuación de los mismos. En general, recomiendo observar diferentes trabajos que guían y orientan la configuración de los pliegos, en concreto: el Pla d’acció de compra pública verda 2022-2025 y de manera reciente se ha publicado el Informe Contratación Pública Verde 2025 de la Cátedra de Contratación Pública Ecológica del Ministerio donde aborda precisamente este tema.
A todo ello, resulta también clave la profesionalización del personal, máxime en contratación pública dado el “tsunami” normativo existente, principalmente en normativa medioambiental.
- ¿Cree que la contratación pública puede ser una herramienta útil para luchar contra la despoblación rural? ¿Qué tipos de cláusulas o estrategias podrían favorecer un desarrollo territorial más equilibrado?
Sí, de hecho algunas comunidades autónomas ya han regulado al respecto, facilitando por lo tanto que vía legal ya queden previstas medidas y consideraciones para luchar contra la despoblación rural. En concreto, la mayoría de las regulaciones contemplan esta finalidad vía prescripciones técnicas (Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Galicia), pero también vía criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución (Valencia, Galicia) incluso en solvencia (Extremadura). Destaca la normativa adoptada por la Comunidad Valenciana, la Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunidad Valenciana, establece específicamente algunas medidas en el artículo 31 consistentes en procurar, mediante su inclusión en las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, que las obras, los productos y los servicios que se adquieran, así como los procesos o procedimientos que se utilicen en los mismos, cumplan requisitos determinados y características específicas de tipo social y medioambiental, que contribuyan a frenar el despoblamiento, preferentemente aquellos relacionados con la igualdad de género y el fomento de la contratación femenina, la inclusión, el comercio justo y de proximidad, la agricultura y la ganadería ecológicas y la gestión forestal sostenible. Adicionalmente, se establece que se facilitará la contratación con pymes y las empresas de economía social de municipios en riesgo de despoblamiento o sus comarcas, siempre que fomenten la creación de empleo local, retención y atracción de talento, la innovación, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad o desarrollo de base territorial. Y también la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, pues el artículo 17 fija que el sector público autonómico deberá diseñar y articular su estrategia en materia de contratación pública teniendo en cuenta los principios de desarrollo social, económico y ambiental contemplados en la ley, procurando mediante su inclusión en las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, que las obras, productos y servicios que se adquieran, así como los procesos o procedimientos que se utilicen en los mismos, cumplan requisitos determinados y características específicas de tipo social y medioambiental, preferentemente aquellos relacionados con la igualdad de género, el comercio justo, la agricultura y la ganadería ecológicas y la gestión forestal y pesca sostenibles. Así mismo establece que los órganos de contratación introducirán criterios de adjudicación cualitativos, vinculados al objeto del contrato, referidos a las políticas empresariales en materia de igualdad en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios, preferentemente aquellos referidos a los planes de igualdad de género. Por último, determina que se facilitará el acceso a la contratación con pymes y determina medidas de preferencia por factores de proximidad o riesgo de despoblación.
- Desde su perspectiva, ¿qué papel deberían tener los contratos públicos en la transición energética y la lucha contra el cambio climático?
Como ya he indicado, existe una apuesta clara por la contratación estratégica y precisamente la contratación verde es la que está más presente en las licitaciones públicas. Por lo tanto, el papel de la contratación pública en la transición energética y lucha contra el cambio climático resulta actualmente clave e indispensable vía la LCSP y las leyes sectoriales que permiten la introducción de las condiciones medioambientales en los pliegos de manera transversal durante toda la licitación y ejecución ya sea en el ámbito de alimentación, construcción sostenible, cambio climático, economía circular o protección de la biodiversidad. Dentro del elenco de la normativa existente, el artículo 31 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, sobre contratación pública, ya contempla expresamente que: “se incorporaran de manera transversal y preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto del contrato” y prevé que para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la elaboración de un Catálogo de prestaciones en cuya contratación se tendrán en cuenta los criterios de lucha contra el cambio climático, y que acaba de ser publicado en octubre de 2025.
- ¿Cómo imagina la contratación pública en los próximos diez años? ¿Qué papel jugarán la digitalización, la inteligencia artificial o los datos abiertos?
La verdad es que me resulta difícil imaginarme el horizonte de 10 años, espero que la contratación pública alcance un perfecto equilibrio entre simplificación y garantías, y cero corrupción. A corto plazo, en unos dos años ya puedo vaticinar importantes cambios, pues en breve plazo que ya dispondremos del quinto paquete de normativa europea en materia de contratación pública. A todo ello, apuntar el nuevo “rumbo” que la contratación pública está tomando respecto a operadores económicos de terceros estados, con los que se deberá tener en cuenta el principio de reciprocidad como ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, la aparición de la inteligencia artificial, como todo cambio, ha de ser entendido como una oportunidad para aprovechar las ventajas que brinda. Tareas mecánicas pueden ser realizadas por la IA, también comparativas, análisis de datos… proporcionando mayor objetividad, eficiencia y eficacia en determinadas tareas, siempre acompañada con una posterior verificación del ser humano. No obstante, tareas puramente de juicio o de decisión final deben seguir realizadas por los profesionales o especialistas, pues son quienes aportan la suficiente seguridad jurídica, fiabilidad y empatía.
- Finalmente, ¿qué consejo daría a los técnicos municipales que quieren avanzar hacia una contratación más innovadora, verde y eficiente?
Hoy en día resulta imprescindible que todo profesional en la materia esté continuamente actualizado respecto de las novedades normativas en contratación a través de los diversos documentos y estudios que emiten: la UE, los órganos como la OIRESCON, la ONE, las direcciones generales de contratación, las juntas consultivas, los tribunales resolutorios de recursos contractuales y, por supuesto, la jurisprudencia y la academia.
Específicamente, respecto a la contratación verde destaco tanto (i) el Informe de Contratación Pública Verde 2025 que ofrece un mapa de ruta de la legislación sectorial que ha establecido nuevas obligaciones de sostenibilidad ambiental con incidencia en los contratos públicos, (ii) el Catálogo de Prescripciones técnicas ecológicas del artículo 31 de la Ley de Cambio Climático y Transición energética por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático y el Ministerio de Hacienda y (iii) el marco consolidado de la Comisión Europea de criterios voluntarios bajo la denominación de Green Public Procurement (GPP) Criteria, elaborados para distintos sectores de productos, servicios y obras, con el objetivo de facilitar a los poderes adjudicadores la integración de requisitos ambientales en los contratos públicos.