La Comisión territorial de urbanismo de Tarragona ha dado conformidad en el Plan especial sobre infraestructuras de telefonía móvil de Tarragona. El Plan tiene por objeto ordenar las áreas más adecuadas para emplazar el municipio infraestructuras de radiocomunicación de telefonía móvil que generen campos electromagnéticos con un intervalo de frecuencias entre 10MHz y 300GHz.
Así, determina como zonas idóneas la totalidad del suelo urbano y urbanizable delimitado de Tarragona, donde se permitirá la instalación de infraestructuras de telefonía con restricciones. Igualmente, el Plan concreta las medidas para minimizar el impacto visual y ambiental de las antenas y, finalmente, otorga un plazo de cinco años para que las instalaciones existentes, con o sin licencia, se adecuen.
El Plan, redactado por el consorcio Localred, fue aprobado definitivamente por la Comisión territorial de urbanismo de Tarragona en julio de 2012. No obstante, en condicionó la ejecutividad a la presentación de un texto refundido que incluyera una serie de informes que faltaban. Finalmente, la Comisión ha dado su conformidad, con lo cual se puede proceder a la publicación del Plan ya su entrada en vigor.
Normas urbanísticas para 14 municipios
Por otra parte, la Comisión territorial de urbanismo también ha aprobado inicialmente las Normas de planeamiento urbanístico para 14 municipios tarraconenses. Se trata de Arbolí, La Febró y Riudecols del Baix Camp; Forès, Passanant y Belltall, Rocafort, y Rociana del Condado, de la Conca de Barberà, y Bellmunt, la Bisbal de Falset, el Lloar, Margalef, Pradell de la Teixeta, la Vilella Alta y la Vilella Baixa, de la comarca del Priorat.
Esta nueva tramitación para los municipios que carezcan de planeamiento urbanístico propio tiene como objetivo dar vigencia indefinida a las Normas que ya se tramitaron en 2010. El antiguo documento abarcaba 22 municipios, de los cuales 8 ya tienen hoy Plan de Ordenación urbanística Municipal (POUM) propio.
El documento aprobado en 2010 se tramitó por la vía de urgencia con un plazo de vigencia de 4 años que debe caducar el próximo otoño. Ahora, por tanto, se propone que las Normas puedan tener vigencia indefinida, aunque tramitando de forma ordinaria, con solicitud de informe a todos los organismos sectoriales implicados e información pública abierta a los ciudadanos.
A tal efecto, las Normas quedarán ahora expuestas a información pública durante 45 días y, simultáneamente, se otorgará audiencia a los ayuntamientos durante un mes.
Fuente: Gencat