El Ayuntamiento ha incorporado cláusulas sociales en las licitaciones públicas de obras y servicios. El objetivo es favorecer aquellos colectivos en situación de exclusión social o en grave riesgo de estar. Para ser valoradas en este punto, las empresas deberán justificar que estos trabajadores llevan más de tres meses en la empresa y que trabajan a jornada completa o el equivalente en jornadas parciales.
Los colectivos considerados son: personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%; personas destinatarias de la renta mínima de inserción; jóvenes de entre 16 y 30 años provenientes de instituciones de protección de menores; personas con problemas de toxicomanía que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social; personas paradas de larga duración mayores de 45 años, y víctimas de violencia de género.
El Ayuntamiento también apoya la iniciativa ciudadana «Vamos a Mil», para garantizar un salario mínimo de 1.071,43 euros; así, se velará para que las empresas se comprometan a garantizar esta retribución mínima a su plantilla.